El ciudadano es un personaje que –aunque nació en la Antigüedad– aparece en la historia en diferentes ocasiones y con diferentes significados. En este apartado consideramos la ciudadanía en un marco originario fundamental: la modernidad. Esto nos remite al siglo XVIII, en el que se produce la era del advenimiento de las democracias: las masas irrumpen en la historia como titulares de derechos, marcando la diferencia entre la sociedad política premoderna y la moderna. Las declaraciones de derechos en los Estados Unidos de Norteamérica y Francia significan el pase del derecho natural al derecho positivo, y su gran importancia está en su carácter fundacional. Sus concepciones, sus logros, sus exclusiones son las que se proyectan hacia nuestros días, sus debates son nuestros debates y nuestros progresos en materia de derechos son añadidos a las primeras teorías y luchas. Así, se abrieron en aquel cruce temporal dos tradiciones: la liberal y la republicana. Empezaremos por la primera, gestada en los Estados Unidos e impuesta (en su carácter de Estado imperial durante la mayor parte del siglo XX) a Occidente como la tradición hegemónica.

La tradición liberal fue plasmada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, donde se establecen derechos que se consideran anteriores al Estado, siendo la función de este reconocerlos y crear el marco legal para que sean respetados dentro de la esfera privada. El libre juego de los intereses individuales mantiene el orden en la sociedad. Los ciudadanos solo deben elegir autoridades de gobierno cada tanto y controlar que actúen dentro de las leyes, como si estuvieran en una posición defensiva frente al Estado.

En la tradición republicana, de vertiente francesa, los derechos surgen de la soberanía del pueblo, y alcanzan vigencia mediante la actuación de los ciudadanos, que tienen plena conciencia de estos derechos. La función del ciudadano es la realización de la democracia, en un grado de participación política que poco tiene que ver con la del ciudadano liberal que está solo para defender sus derechos. Aquí se exige el ejercicio de prácticas comunes en un espacio público con sentido de pertenencia, es decir, un ciudadano activo.

Siguiendo este devenir histórico haremos primero el análisis del proceso norteamericano, donde se da la primera declaración americana de independencia respecto de una metrópoli colonial, Inglaterra; la primera Declaración de Derechos y también la primera Constitución como ley fundamental organizadora del gobierno estatal. En 1776 el Congreso Continental acepta la Declaración de Independencia que escribió Thomas Jefferson y es proclamada solemnemente el 4 de julio de ese año. En ella está contenida una filosofía poderosa:

Consideramos patentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que su Creador les da ciertos derechos inalienables, entre otros el de la Vida, el de la Libertad y el de la Felicidad. Que para asegurar estos derechos, se instauran gobiernos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, que cuando cualquier forma de gobierno sea destructiva respecto a estos fines, el pueblo tenga derecho o abolirla, y a constituir un nuevo gobierno…

Pero en la realidad no todos los hombres “son creados iguales”, algunos americanos fueron claramente excluidos de esta Declaración: los indios, los esclavos negros y las mujeres (y los blancos pobres). Alexander Hamilton, ayudante de campo de Washington durante la guerra de la independencia, dejó explicita su filosofía política y la de su clase:

Todas las comunidades se dividen entre los pocos y los muchos. Los primeros son los ricos y bien nacidos, los demás la masa del pueblo… La gente es alborotadora y cambiante; rara vez juzgan o determinan el bien. Hay que dar a la primera clase, pues, una participación importante y permanente en el gobierno… Solo un cuerpo permanente puede controlar la imprudencia de la democracia…

En la Convención Constitucional Hamilton sugirió que el presidente y los senadores fueran vitalicios; la Convención no lo aceptó pero tampoco estableció elecciones populares, salvo para la Cámara de Representantes (aunque en casi todos los estados se exigía tenencia de tierras para poder votar). La Constitución estableció que los senadores fuesen elegidos por los senadores que correspondían a cada Estado, y que el presidente fuera elegido por electores elegidos por los senadores estatales. El tribunal supremo de justicia lo elegía el presidente. Pero el problema no estaba en las normas constitucionales, sino en la división de la sociedad en ricos y pobres, y las luchas de facciones que esto provocaba. La solución se visualizó en un gobierno representativo elegido con la base electoral explicitada. Después de todo la Constitución era un acuerdo entre los intereses negreros del Sur y los intereses económicos del Norte. Sin embargo, hay en el autor citado una consideración muy interesante sobre lo que llamaríamos las clases medias, claramente llamadas a sumarse al sistema: pequeños propietarios, trabajadores artesanales urbanos, trabajadores de salarios medios apoyaron a un gobierno que prometía beneficiarlos. Así dieron su apoyo a una élite rica y a sus intereses, y a la vez se transformaban en un freno para los negros, indios y blancos muy pobres. Permitieron que la élite mantuviera el control en forma poco coercitiva y con una fachada de legalidad. La Constitución tuvo más apoyo de estos sectores medios cuando el Congreso aprobó las enmiendas que constituyen el Bill of Rights, por el cual el gobierno sería custodio de las libertades: de hablar, de profesar el culto, de reunirse, de tener un juicio justo. Y sobre todo el gobierno protegería la libertad de contratar. Todo esto parecía ideal y equitativo, hasta que empezaron a considerarse cosas como las siguientes: dónde estaba la igualdad de contratar cuando el contrato se hacía entre un rico y un pobre, entre un patrón y su empleado, entre un acreedor y su deudor. Considerar la igualdad de este modo equivalía (y equivale) a poner todo el poder del gobierno –fuerzas policiales, tribunales de justicia, etc.– del lado de los privilegiados.

La tradición republicana se origina en Francia en el siglo XVIII, estalla en la revolución de 1789 y reconoce una larga serie de precursores en los filósofos de la Ilustración. Su expresión fundamental es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y su idea clave el tránsito del súbdito hacia el ciudadano, del sometido a la autoridad inapelable del señor al sujeto libre titular de derechos, especialmente a la libertad y la igualdad, aunque no en el sentido contemporáneo de estos principios. La declaración de igualdad no incluía la de los esclavos negros de las Antillas francesas, ni tampoco a los blancos pobres de la misma Francia. En el articulado de la Constitución que sigue a la Declaración se hacía una distinción entre varones activos y pasivos. Los primeros eran los ciudadanos, pagaban impuestos derivados de su condición de propietarios y sabían leer y escribir, y por lo tanto podían votar. Los segundos no pagaban impuestos por no ser propietarios, o eran analfabetos: no podían votar. Esto es lo que hace sostener a historiadores como Hobsbawm que esta Declaración emanada de los revolucionarios es un manifiesto contra la sociedad jerárquica y los privilegios de los nobles, pero no a favor de una sociedad democrática e igualitaria. Los hombres nacen y viven libres e iguales bajo las leyes, dice en su artículo primero; pero luego acepta las distinciones sociales […] La propiedad privada era un derecho natural, sagrado, inalienable e inviolable, los hombres eran iguales ante la ley y todas las carreras estaban abiertas por igual al talento, pero si la salida empezaba para todos sin handicap se daba por supuesto que los corredores no terminarán juntos […] El clásico liberal burgués de 1789 no era un demócrata, sino un creyente secular en el constitucionalismo, en un Estado secular con libertades civiles y garantías para la iniciativa privada, gobernado por contribuyentes y propietarios […] Sin embargo, oficialmente, dicho régimen no expresaría solo sus intereses sino la voluntad general del pueblo … (Eric Hobsbawn, La era de la revolución, 1789-1848, Buenos Aires, Crítica, 1997).

El ciudadano moderno, histórico, que surge de las tan alabadas (por muchos y hasta nuestros días) revoluciones mencionadas, constituye el antecedente del concepto de ciudadano como sujeto de derechos, pero de ninguna manera se trata de la misma idea.

Del mismo modo que quedaban excluidas de los derechos políticos en los Estados Unidos las personas mencionadas, la Revolución por antonomasia, la francesa, tenía sus propios excluidos de los principios de libertad y de igualdad. Si los blancos pobres quedaban excluidos de la ciudadanía ni que decir de las mujeres, de las que trataremos en otro apartado.
Sin embargo, hay una lección de la Revolución Francesa que no puede ser obviada como antecedente de las actuales concepciones de ciudadanía: la Constitución de 1793, aprobada por la Convención Nacional bajo la influencia de Robespierre y sus seguidores, ejecutados en la guillotina el año siguiente. Esta constitución del período del Terror contenía disposiciones como estas:

Con respecto al sufragio: La ciudadanía popular incluye a todos los ciudadanos franceses (varones mayores de 21 años). Todos los ciudadanos son igualmente elegibles para los cargos públicos. Cada ciudadano tiene derecho a participar en la formación de la ley.

Con respecto a la esclavitud: Todo hombre puede contratar sus servicios, su tiempo, pero no puede venderse ni ser vendido.

Pero también contiene artículos de una sorprendente vigencia:

Art. 22 La instrucción es una necesidad para todos. La sociedad debe favorecer con todas sus fuerzas los progresos de la razón pública y poner la educación al alcance de todos los ciudadanos.

Art. 32: El derecho de los ciudadanos a presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública no puede ser prohibido, suspendido ni limitado en ningún caso.

Y el más sorprendente de todos:

Art. 21: La sociedad debe el mantenimiento a los ciudadanos infortunados, ya sea que les procure trabajo o los provea de medios de subsistencia si son incapaces de trabajar.

Tal vez se pueda relacionar este último artículo con la declaración de Robespierre de 1789: “La gran mayoría de nuestros conciudadanos se ven reducidos, por la indigencia, a la lucha por la supervivencia; esclavizados hasta tal punto, son incapaces de reflexionar sobre las causas de su miseria y los derechos que la naturaleza les ha dado”.

Como corolario:

Art. 35: Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para los ciudadanos el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.

En el año 1793 se aprueba la ley de defensa de la escuela pública republicana, que establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria, y al año siguiente la ley de abolición de la esclavitud. El gobierno jacobino cae al año siguiente y la constitución de 1795 establece nuevamente el sufragio censitario: los representantes del pueblo solo podían ser los ricos.

El origen de la educación cívica

Si partimos de la aseveración de que el funcionamiento de la democracia no está al margen de las actuaciones ciudadanas, y de que por lo tanto necesita ciudadanos activos que la sostengan, la educación se torna un tema político esencial en este sentido. Pero … no es posible pensar los conceptos de educación, política y soberanía al margen de la tradición que les dio origen, decía Hanna Arendt, y esta tradición es la republicana francesa. Y en otra cita, en este caso de Jules Michelet, se lee: ¿Cuál es la primera parte de la política? La educación. ¿Y la segunda y la tercera? La educación. Ya en las primeras asambleas de los años 1792–1793, o sea en los tiempos de la Convención y los jacobinos, asistimos, según Riba, al nacimiento del ciudadano que quiere sustituir al simple individuo alejado de los asuntos públicos. Este ciudadano es el que necesita educación y así lo establece la constitución de 1793 y la disposición de creación de escuelas primarias. Esto dura lo que dura el breve período, pero sienta las bases de una tradición que llega a nuestros días. Los proyectos educativos ciudadanos fueron apareciendo antes y después de la Revolución, cuando antes solo la Iglesia se había ocupado de la enseñanza. El primer texto referido específicamente a la educación cívica fue el de 1793: Catéchisme français, ou principes de philosophie, de morale et de politique républicaine, à l usage des écoles primaires, de La Chabessiere. Desde entonces aparecieron proyectos y textos que abarcan los siglos xix y xx y hasta hoy, con la mayor diversidad de ideologías y programas en los diferentes países (ver Jordi Riba, Filosofía política y educación del ciudadano, revistas.um.es).

El ciudadano negro

Constitución Imperial de Haití, 1805.

En el palacio Imperial de Dessalines, 20 de mayo de 1805

Declaramos que los términos de esta Constitución son la expresión libre, espontánea y autodeterminada de nuestros corazones y de la voluntad general de nuestros conciudadanos.

Art. 1: El pueblo que habita la isla previamente llamada Saint-Domingue acuerda constituirse en Estado libre y soberano que es independiente de todo otro poder del universo, bajo el nombre de Imperio de Haití.

Art.2. La esclavitud queda abolida para siempre.

Art. 7. La ciudadanía haitiana se pierde por emigración y naturalización en otro país…

Art. 9. Nadie merece ser haitiano que no sea un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, y sobre todo un buen soldado. […]

Art. 14. Todas las distinciones de color desaparecerán necesariamente entre los hijos de una y la misma familia de la cual el jefe de estado es el padre. Los haitianos serán conocidos de ahora en más por la denominación genérica de NEGROS.

Haití fue más que la segunda república más antigua del Nuevo Mundo. Más incluso que la primera nación negra del mundo moderno. Haití fue la primera nación libre de hombres libres en levantarse dentro de, y en resistencia contra, la emergente constelación del imperio europeo occidental. (Ira Lowenthal, citado por Grünner).

En efecto, Haití fue el primer país en América en declarar su independencia y dictarse una constitución, después de los Estados Unidos. La lucha de los exesclavos africanos de la riquísima colonia francesa de ultramar productora de azúcar y café fue larga y atroz, pero culminó con la declaración de la independencia y la reivindicación de la negritud. Sus líderes, Toussaint Louverture y Alejandro Petión, nunca tuvieron el reconocimiento histórico de su extraordinaria actuación, quedando, como toda la revolución, en una zona oscura de la historia.

Se trató de una revolución desatada poco después de la norteamericana en el contexto de la Revolución Francesa, y reclamó la igualdad y la libertad proclamada en la Declaración de 1789, constituyéndose en la viva encarnación de la contradicción, porque la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad universal iba de suyo que solo se refería a los hombres blancos. Los sublevados de Haití se llamaron a sí mismos ciudadanos, y todos los haitianos –cualquiera fuera su color– serían negros. Hasta hoy el pequeño país está pagando con la miseria y la muerte de sus habitantes la osadía de haberse levantado contra el capitalismo y el imperio (ver Eduardo Grünner, La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución, Buenos Aires, Edhasa, 2010).

La paradoja del ciudadano ilustrado

En innumerables libros de texto y durante un larguísimo número de años los estudiantes y no estudiantes han sido (y son) aleccionados directa o indirectamente en la lectura de los grandes filósofos de la Ilustración: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etc. Estos pensadores franceses del siglo xviii llegan a nosotros como los paladines de la igualdad ante la ley, facultad garantizada por la condición sine qua non de la división de poderes. Su pensamiento es el que guía los procesos políticos de Europa y América, y el decisivo período de la Revolución Francesa, hasta llegar a nuestros días. Pero ellos vivieron y pensaron en los oscuros tiempos de la esclavitud negra, cuyo trabajo sostuvo económicamente toda la civilización europea que permitió el desarrollo de tales filosofías. Los iluministas no veían la oscuridad, literalmente la oscuridad de la piel negra del africano esclavo, de seres de carne y hueso que por millones sostenían en las colonias, y en el caso de Francia especialmente la de las Antillas americanas, la preciosa civilización europea. Siguiendo el texto de Grünner no se trata de argumentar que, por ej., Rousseau era un racista, pero esta evidente contradicción no aparece claramente como tal en su obra más importante para el caso: Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Se trata de explicar de alguna manera lo que llamamos paradoja. El autor citado lo hace así: Esa esclavitud literal es irrepresentable porque su naturalización la ha vuelto invisible […] Hasta tal punto es poderoso ese nuevo universal que desplaza naturalmente el hecho de que de que ese mismo universal, su bien suturada consistencia, depende de la estricta exclusión del particular concreto que justamente desmentiría su universalidad […] No se trata solamente de una cuestión filosófica en sentido estricto. Yves Benot lo explica con su acostumbrado rigor:
Los espíritus aun más audaces se someten a otra contradicción de la cual hay que reconocer que no tenían en su época todos los medios para evaluarla científicamente. Pues si Montesquieu o Voltaire proclaman altamente que la trata y la esclavitud son contrarias a la razón humana (…) saben también que el progreso material del cual se benefician y que, para ellos, es la base misma del progreso de la Razón, tiene su fuente en la esclavitud y la conquista colonial.

Por lo tanto la “universalidad” a que se refiere la Declaración se reduce al hombre blanco, y dentro de estos, al burgués, al propietario. Ni pobres ni mujeres ni negros.

Pero, yendo a nuestro tema, no es esta la visión que se ofrece en los textos más comunes dirigidos a los estudiantes, donde no cabe este tipo de reflexiones, por lo menos de manera explícita. Y mucho menos permiten estos textos un enlace con lo que acontece en la actualidad y que tan ricos debates abriría.

Tampoco en los textos mencionados se hace referencia a la revolución haitiana, que es la primera que contesta a los falsos universalismos: de hecho, a través de levantamientos armados, y de derecho, mediante su extraordinaria constitución de 1805, heredera directa de la Revolución Francesa. Estas dos fundamentales cuestiones no han sido estudiadas, y no solo no figuran en textos de divulgación o de enseñanza, sino que tampoco han merecido actualmente atención de los académicos, en una época en que el multiculturalismo, las políticas de la identidad y demás temas conexos están en auge. La constitución haitiana hace nacer una república negra de nombre indígena, y tiene una originalidad notable en cuanto a ciudadanía se refiere, porque sus ciudadanos se llamarán (todos) negros –lo cual niega la ideología del Estado-nación moderno, que se piensa como una unidad sin distinciones de clase, razas, etc., e introduce la idea de diferencia en la ciudadanía– y a la vez establece que todas las distinciones de color desaparecerán entre los hijos de una y la misma familia (art. 14).

Las ciudadanas

Este apartado debería llamarse las largamente excluidas, las que comparten marginalidad con los que ya hemos visto. Nace la mujer ciudadana, como el hombre, en los tiempos de la Revolución Francesa, e irrumpe en las calles convocando a participar en la insurrección, penetrando en un espacio siempre vedado: el político. Espacio reclamado pero no obtenido, no se les dio el sufragio ni la participación en las asambleas, y no porque no lo hayan intentado en nombre de la igualdad que proclamó la Declaración, que decía con toda claridad: Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.

En París hubo dos clubes exclusivos de mujeres políticas: la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de Amigas de la Verdad, que reclama divorcio y ciudadanía, y el Club de Ciudadanas Republicanas Revolucionarias, los dos prohibidos por la Convención. Cuando se aprueba la Constitución de 1793 se hace por sufragio universal, pero masculino. Los varones se ocupan de radiar a las mujeres tanto del sufragio como de la deliberación y la participación en cuerpos armados. Sin embargo, se las seguirá llamando ciudadanas, y esto implica el reconocimiento de derechos tales como el matrimonio como contrato, el divorcio, el de propiedad y el de ser testigos, o sea, derechos civiles pero no políticos (ver Miguel A. Etchegoyen, Educación y ciudadanía, Buenos Aires, Stella, 2003).

La reacción contra la emancipación de las mujeres políticas en lo intelectual estuvo a cargo de José de Bonald y Edmund Burke. El primero sostiene que en la sociedad natural la mujer es súbdito y el hombre poder. ¡Qué lección dan al universo las deplorables consecuencias de la debilidad del poder y del orgullo del súbdito! Al hacer brillar ante los ojos de la parte más débil de la sociedad los engañosos destellos de la libertad y de la igualdad, un genio malhechor solivianta a aquella contra la autoridad legítima (Etchegoyen, Historia de las mujeres, op. cit.). Ha corrido mucha agua bajo el puente desde esos tiempos, pero evidentemente no toda la necesaria para la emancipación completa.

Pero la época tiene su heroína y mártir: Olympe de Gouges, defensora ferviente de los derechos de la mujer. Reclamó el derecho al voto femenino, a la educación, a la propiedad, a que los hijos extramatrimoniales fueran reconocidos, y al reemplazo del matrimonio por un contrato anual renovable firmado entre concubinos. Autora de un texto extraordinario: Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, de 1791, donde sostiene que la tiranía masculina es la causa de todas las desigualdades, proclama que los pretendidos derechos universales solo le corresponden a los hombres y que si La mujer tiene el derecho de subir al cadalso, también debe tener el derecho de subir a la tribuna…. También el epílogo de su Declaración es notorio: Mujer, despierta. Las campanadas de la razón se hacen oír en todo el universo: reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismos, supersticiones y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. ¡Oh, mujeres, mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado. Un desdén más visible… Cualesquiera sean los obstáculos que os pongan, podéis superarlos: os basta desearlo (clio.rediris.es/n31/derechosmujer.pdf).

Pero las situaciones no eran tan fáciles, sobre todo si alguien se enemistaba con Robespierre, como es el caso de Olympe, partidaria de los girondinos. Esa enemistad surgía de todo su accionar político en defensa de las mujeres, pero la carta burlona que le dirigió –“Pronostic de Monsieur Robespierre pour un animal amphibie”– precipitó su fin: fue guillotinada en 1793.

Toda su lucha por las mujeres, por los niños, los pobres y los negros, todas sus obras literarias y sus ideas de avanzada apoyadas en los principios revolucionarios fueron prolijamente olvidadas hasta los estudios realizados después de la Segunda Guerra Mundial, pero no fueron suficientes para que el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, autorizara su ingreso al Panteón de París en ocasión del bicentenario de la Revolución Francesa.

El sufragio universal (que comprende el femenino) recién se establece en Francia en 1945, pero siguiendo el texto de Genevive Fraisse (“Democracia exclusiva, república masculina”, en Hugo Quiroga y otros (comp.), Filosofías de la ciudadanía, Rosario, 1999): …las mujeres son ciudadanas y descubrimos, después de cincuenta años del derecho al voto femenino, que la política permanece un monopolio masculino. Es cierto que los hombres votan desde hace 150 años, entonces sería un retraso, ese famoso retraso que sería el conjunto de las mujeres […] no, no hay tal retraso, la inclusión ha sido cumplida, la ciudadanía esta completa y si la desigualdad perdura, si los hombres guardan lo más celosamente posible el poder político, ninguna causa justificativa puede ser invocada. Y más adelante afirma que en Francia las mujeres hacen las costumbres y los hombres las leyes, porque las mujeres integran muy poco los cuerpos representativos de la nación: La diferencia entre los sexos atraviesa la política y entonces la historia es sexuada. Este es el debate en Francia y posiblemente, con matices, en los países occidentales. En Kuwait, por ejemplo, el voto universal que incluye el femenino es de 2005, en los Emiratos Árabes Unidos de 2006, y en Arabia Saudí las mujeres no votan.

El ciudadano desde la izquierda

Históricamente, el marxismo cuestionó las declaraciones de derechos norteamericana y francesa; especialmente esta última fue criticada en Sobre la cuestión judía, una de las obras centrales de Carlos Marx: la emancipación política se da junto a una división entre la sociedad civil y el Estado; en la primera se da una real desigualdad, y en el segundo una igualdad solo formal, de manera que bajo una apariencia de universalidad lo que se hace es beneficiar el interés de una clase. La posición de Marx es clara por cuanto hay una escisión verdadera entre los ideales de la revolución y las prácticas reales de la sociedad, que excluía de la ciudadanía a los dependientes sociales y económicos. La sociedad no ofrecía igualdad de oportunidades, sino que ellas dependían de la propiedad y la instrucción de cada uno; los derechos políticos, entonces, correspondían solo a los ricos, blancos, europeos (Susana Villavicencio, Ana María García Raggio, Nuevas cuestiones en torno a la ciudadanía, Facultad de Ciencias Sociales, UBA).

Los derechos son los del hombre egoísta: de acuerdo con la Declaración de Derechos de la constitución más radical, la de 1793, estos son: a la libertad, a la propiedad, a la igualdad, y a la seguridad, o sea que en este último caso la sociedad entera debe garantizar a cada miembro su libertad, su propiedad y la conservación de su persona. Se ven aquí los principios del liberalismo que trascienden en el marxismo en cuanto este considera al ciudadano como ser humano (Miguel A. Etchegoyen, Educación y ciudadanía, op. cit.).

No obstante hay autores –como Claude Lefort– que no concuerdan con el marxismo en el sentido del reconocimiento de los derechos, sobre todo el fundamental derecho a tener derechos, que es propio de estas revoluciones y que aun dentro de su marco restrictivo significaron un avance fundamental.